Tarjeta revolving de empresa o de autónomo: ¿se puede reclamar?

Tienes una tarjeta de crédito a nombre de tu sociedad, o a tu nombre como autónomo, con una TAE del 24 o el 26 % y una deuda que no baja. Al buscar información todo habla de consumidores, y tú no lo eres. La respuesta corta: la usura se aplica igual; la protección de consumidores, no. Eso cambia cómo se reclama, no si se puede.

La ley de usura no exige ser consumidor

La Ley de Represión de la Usura es de 1908, muy anterior a la normativa de consumo, y declara nulo cualquier préstamo con un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado. No distingue entre particulares y empresas, y se aplica a cualquier operación de crédito equivalente a un préstamo, como una tarjeta. Los tribunales la han aplicado a autónomos y sociedades, y las consecuencias son las mismas: contrato nulo, se devuelve solo el capital dispuesto y se recupera lo pagado de más.

Para una revolving el punto de partida es el mismo que para un particular: comparar la TAE del contrato con el tipo medio de las tarjetas revolving que publica el Banco de España para su fecha. El Supremo fijó en 2023 que más de seis puntos de diferencia es usura: la regla de los seis puntos. Cómo se aplica y los tipos de cada año están en la guía de revolving y usura.

Lo que no se aplica: transparencia y cláusulas abusivas

La ley de consumidores protege a las personas físicas que actúan fuera de su actividad profesional, y a las personas jurídicas sin ánimo de lucro que actúan fuera de una actividad comercial. Una sociedad mercantil, o un autónomo que contrata para su negocio, queda fuera. Eso deja fuera dos herramientas:

• El control de transparencia material, el que permite anular los intereses de una revolving cuando no se explicó cómo funcionaba el crédito, aunque la TAE no llegue al umbral de usura. Está pensado para consumidores y el Supremo no lo extiende a empresarios.
• El control de abusividad de la ley de consumidores: la lista de cláusulas abusivas (comisiones por impago automáticas, seguros impuestos, intereses de demora desproporcionados) no es aplicable a quien no es consumidor.

Lo que sí queda es el control de incorporación de la ley de condiciones generales de la contratación, que protege a cualquier adherente, consumidor o no: las cláusulas que no se entregaron, que son ilegibles o que no pudiste conocer al firmar no forman parte del contrato. Y la buena fe contractual del Código Civil, que los tribunales usan para corregir cláusulas sorpresivas también entre empresas.

Qué cambia en la práctica

Hay que probar el interés notablemente superior. Sin la vía de la transparencia, el caso se gana o se pierde con la comparación de la TAE con el tipo medio. Por eso lo primero es el contrato con la TAE y la fecha, y los extractos. Un contrato de 2008 al 26 % tiene recorrido; uno de 2022 al 21 %, poco.

Las circunstancias del caso pesan más. La ley exige que el interés sea, además, desproporcionado con las circunstancias. La entidad intentará justificar el tipo por el riesgo de la empresa. En una tarjeta de uso corriente, con el mismo producto y el mismo tipo que se ofrece a particulares, ese argumento tiene poco peso.

El seguro y las comisiones se examinan por incorporación. No se anulan por abusivas, pero sí si no se te entregaron o no constaban con claridad en el contrato firmado. Y si la tarjeta es usuraria, caen con el contrato: en la liquidación solo cuenta el capital dispuesto.

El plazo es el mismo. La nulidad no prescribe, y lo pagado de más se recupera en los cinco años anteriores a la reclamación: la regla de los 5 años.

El autónomo con la tarjeta a su nombre

Es el caso más frecuente y el más discutido. Si la tarjeta está a tu nombre como persona física y la usaste para gastos personales, eres consumidor y tienes toda la protección. Si la pediste para el negocio y la usaste para el negocio, no.

El problema es el uso mixto: la misma tarjeta para el material de la tienda y para la compra de casa. El criterio de los tribunales europeos y del Supremo es mirar el destino predominante: si el uso profesional es marginal, se mantiene la condición de consumidor. Quien alega que es consumidor tiene que acreditarlo, y los extractos son la prueba: qué se compró, dónde y cuándo. Conviene reunirlos antes de reclamar, porque determinan qué vía se puede usar. Si resultas consumidor, se abre además la vía de la transparencia.

El mismo análisis vale para préstamos y líneas de crédito del negocio: usura en préstamos de autónomos y empresas.

Qué hacer ahora

Reúne el contrato de la tarjeta, con la TAE y la fecha, y los extractos desde el inicio. Si no los tienes, la entidad debe facilitártelos a ti o a la sociedad. Con la TAE y la fecha, la calculadora de revolving te da una primera orientación.

Te revisamos la tarjeta de tu empresa sin coste y te decimos si supera el umbral de usura y qué se puede reclamar.